Más Madrid chiede dimissione di Ana Millán per ruolo nel caso di molestie a Móstoles

La vicepresidente primera de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, ha sido demandada por el partido de izquierda Más Madrid para que abdique de su cargo, tras ser implicada en un caso de acoso sexual y laboral contra una exconcejala municipal de Móstoles. La decisión se tomó tras conocerse que Millán, número tres del Partido Popular (PP) en la región, participó en un proceso que buscó silenciar las denuncias de Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles, quien fue investigado por acoso a una mujer. La situación se ha convertido en un punto de tensión política en la región, alineándose con una serie de casos similares de acoso en el ámbito público. Más Madrid, al frente de la iniciativa, sostiene que Millán no solo ha favorecido la impunidad de Bautista, sino que también ha sido cómplice en la falta de acciones concretas contra el acoso sexual, lo que ha generado una llamada a la dimisión de la política. La petición se fundamenta en la creencia de que su actitud no solo viola el principio de justicia, sino que también perpetúa una cultura de tolerancia a la violencia machista.

El caso de Móstoles ha sido el punto de partida para la denuncia de Más Madrid, que ha señalado que Millán, en su rol de vicepresidenta, no solo no ha garantizado una investigación imparcial, sino que ha intentado minimizar la gravedad de los hechos. Según la carta enviada a la Mesa de la Asamblea, la política ha estado presente en dos reuniones clave en las que se le ofreció a la exconcejala una solución que no implicaba la denuncia judicial. En una de ellas, Millán le advirtió que una denuncia en el juzgado "la comería", mientras que en la segunda se le sugirió que se "vaya a casa y hable con su marido". Estas frases, según el partido, reflejan una actitud de cierre y negación hacia el acoso, lo que ha sido criticado por no solo no garantizar la protección de la víctima, sino también por favorecer la impunidad del acusado. Más Madrid ha destacado que el silencio de Millán no solo es una falta de compromiso con la justicia, sino que también contradice los principios de una democracia que debe proteger a quienes denuncian abusos.

El contexto de este caso se enmarca en un entorno político donde el acoso sexual y laboral ha sido un tema recurrente, con múltiples denuncias que han involucrado a altos cargos públicos. Ana Millán, que asumió su cargo en 2022, ha sido cuestionada por su rol en casos anteriores, como el caso Neverland, relacionado con irregularidades en contratos públicos en Fuenlabrada, donde ella era concejala. Su ascenso a la Asamblea de Madrid ha sido visto como un reflejo de la impunidad que le otorga su condición de diputada regional, lo que ha llevado a cuestionar su capacidad para actuar con transparencia. Más Madrid ha argumentado que el aforamiento de Millán, que le exime de responsabilidad judicial, ha sido un factor clave en su evasión de las consecuencias de sus acciones. Este argumento se une a una serie de críticas previas al PP por su manejo de casos de acoso, lo que ha generado una atmósfera de descontento en el ámbito político y social.

La situación ha generado una polarización entre los partidos, con el PSOE de la Asamblea de Madrid pidiendo una respuesta contundente. El partido ha registrado una proposición no de ley que solicita la declaración de Millán como persona non grata para su cargo actual, así como una denuncia formal contra el acoso machista. La portavoz socialista, Mar Espinar, ha cuestionado la actitud del PP al filtrar datos personales de la denunciante sin respetar su privacidad, lo que ha sido visto como una forma de presionarla para que no denuncie. Además, el PSOE ha pedido que el alcalde Bautista comparezca ante la Comisión de Mujer de la Asamblea, evidenciando una postura más activa en la lucha contra la violencia de género. Esta postura contrasta con la defensa del PP, que ha insistido en que actuó correctamente al no encontrar pruebas concluyentes en el caso. Sin embargo, documentos revelados por EL PAÍS han demostrado que el partido no abrió una investigación efectiva, lo que ha sido interpretado como una falta de compromiso con la justicia.

La tensión política se ha intensificado con la reacción del PP, que ha rechazado las demandas de Más Madrid, asegurando que su actitud no fue incorrecta. El portavoz del partido, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que el PP escuchó a la denunciante, abrió un expediente y, al no encontrar pruebas, no actuó en su contra. Sin embargo, el partido ha sido criticado por no haber permitido que la exconcejala presentara su versión completa del caso, ni citar a los testigos que mencionó en su denuncia. Esta postura ha sido interpretada como una forma de proteger a los responsables, en lugar de garantizar la transparencia. En este contexto, Más Madrid ha insistido en que el caso de Millán no es aislado, sino parte de un patrón de impunidad que ha sido tolerado por el sistema político. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de reformar los protocolos antiacoso, que, según el partido, no deben ser solo nominales, sino herramientas efectivas para proteger a las víctimas y castigar a los responsables. La tensión entre los partidos refleja una lucha por la definición de los valores que deben guiar la política pública en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un desafío complejo.