Europa endurece cada día su postura sobre la inmigración. El Parlamento Europeo ha aprobado este martes las modificaciones de las reglas de asilo de la UE que darán a las autoridades de los Estados miembros aún más opciones para deportar a los solicitantes de asilo. Con los cambios en los reglamentos, que establecen normas más severas y permitirán enviar a los migrantes a Estados con los que no tienen ningún vínculo, y una polémica lista unificada de “países de origen seguros”, se allana el camino, además, para la creación de centros de deportación fuera de la UE. Esto cumple el objetivo de cada vez más Estados miembros, como Dinamarca, Países Bajos o Italia, que ya ha puesto en marcha ese controvertido modelo con instalaciones en Albania.

Los textos, que han recibido el respaldo de la Eurocámara en una votación en Estrasburgo —gracias a los votos de la derecha y la ultraderecha— y que aún necesitan el visto bueno final de los 27 Estados miembros de la Unión, han desatado las duras críticas de las organizaciones de derechos humanos y de protección de los migrantes, que han alertado de que las nuevas reglas pueden vulnerar los derechos de los solicitantes de asilo. Y también respaldar a regímenes —como el tunecino, que se ha definido como “país seguro”— con graves historiales de ataques a los derechos humanos.

La medida se produce en pleno avance de las fuerzas de ultraderecha en varios países de la UE, donde están explotando una retórica populista contra la inmigración en un continente, sin embargo, envejecido y que busca mano de obra en muchos sectores. Una retórica que ha abrazado ahora también la derecha tradicional.

Los dos emblemáticos textos aprobados este martes por el Parlamento Europeo suponen un avance hacia la creación de centros de deportación de migrantes (que en la burbuja de las instituciones de Bruselas se definen como una “solución innovadora”) y avalan el llamado modelo Meloni. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha impulsado en Albania centros de este tipo para migrantes rechazados. Instalaciones que han sido muy cuestionadas por la justicia italiana.

Las nuevas normas, que si el cronograma de aprobación final por los Veintisiete se cumple entrarán en vigor a partir de junio, darán a los Estados miembros más posibilidades de deportar a los solicitantes de asilo. También abren la posibilidad de enviarles a una serie de países considerados “seguros”, aunque no tengan ningún vínculo con ese Estado, si los países europeos han firmado algún convenio con él. Además, se ha establecido una lista de “países de origen seguros” —desde Túnez y Egipto a Kosovo y Colombia—, que tiene como objetivo unificar el criterio para toda la UE. Esa lista y definición implica además que los solicitantes procedentes de esos Estados tendrán extremadamente complicado lograr asilo en Europa.

“El texto sobre países de origen seguros pondrá a cientos de miles de personas en situaciones de gran peligro”, ha criticado la eurodiputada verde Melissa Camara, que lo ha definido como “otro paso en la deshumanización de la política migratoria de la UE”. “Los terceros países se considerarán seguros a pesar de la extremadamente preocupante situación de los derechos humanos”, ha advertido.

“Los ciudadanos esperan que cumplamos nuestras promesas en materia de política migratoria, y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy”, ha declarado la eurodiputada del PPE Lena Dupont.